JAVIER RONDA / SEVILLA. Día 21/11/2010 - 23.17h
Es socio del Departamento de Derecho Procesal de la oficina de Sevilla de Garrigues y responsable área penal para Andalucía, Extremadura y Canarias. También fue cofundador del despacho Sm Abogados, donde ejerció durante 15 años hasta que se incorporó a Garrigues.
—¿En qué afecta a las empresas la modificación del Código Penal que entra en vigor el 23 de diciembre?
—Esencialmente en que desde esa fecha se podrá exigir responsabilidad penal a las compañías por los delitos cometidos en su provecho por sus administradores y, en algunos casos, también por los que cometan sus empleados.
—Pero, a una empresa no podrá imponérsele una pena de prisión… ¿qué sanciones están previstas en la modificación?
—Aunque la sanción común será la multa —por cuotas o proporcional—, están previstas sanciones muy severas que pueden llegar hasta la prohibición de contratar con el sector público, el cierre de locales, la prohibición de actividades e, incluso, la disolución de compañía.
—¿Cree que la idea del legislador es llegar hasta el final en la exigencia de responsabilidad y también que sea un instrumento disuasorio por las multas?
—Bueno, habrá que ver cómo se va aplicando esta reforma por los Tribunales, lo que parece claro es que la pretensión del legislador es que las empresas adopten sistemas preventivos para minimizar la posibilidad de que se cometan delitos bajo su manto.
—¿Y qué pueden hacer las empresas para evitar esta responsabilidad?
—Tal y como ha ocurrido con la Prevención de Riesgos Laborales, con el blanqueo de capitales o con la Protección de Datos Personales, las empresas necesariamente tendrán que adaptar su funcionamiento a unas reglas determinadas para controlar a sus empleados con la finalidad de evitar o, al menos, dificultar que se cometan delitos: esa será la mejor vía para minimizar los riesgos de sufrir las duras consecuencias que la reforma contiene para con las empresas.
Fuente: abcdesevilla.es
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