No es hasta la Revolución Industrial, periodo en el que las grandes masas experimentan un recrudecimiento de las condiciones laborales, cuando surgen las necesidades de proteger a los trabajadores. No obstante, los logros de los movimientos sindicales fueron tan básicos como regular el trabajo de los niños en las industrias manufactureras o en la minería.
Es a partir de los años 90, prácticamente ayer, cuando comienza a desarrollarse en los países del primer mundo todo un marco normativo con carácter preventivo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo de la ONU creado en 1919 e integrado actualmente por 180 países, constituye el foro en el que están representados los gobiernos, los empresarios y los sindicatos, y en cuyo seno se discuten y elaboran los documentos relacionados con el trabajo. En 1981 se publicó el Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, que España ratificó en 1985.
Pero la UE, ante la desigual aplicación de este convenio en los diferentes países, que desencadenaba fundamentalmente una competencia desleal, que aquellos que aplicaban la normativa contenida en el convenio tenían un coste añadido en sus productos y servicios, decide editar una Directiva en 1989 (89/391/CEE), con la finalidad de armonizar el desarrollo normativo referido a la seguridad y salud de los trabajadores.
Esta directiva, de obligada trasposición a los países miembros, da lugar en nuestro país a la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995. La tardanza en la trasposición (seis años) le costó a España varias sanciones económicas. Esta Ley es una copia pormenorizada de la propia Directiva 89/391/CEE. Algunas de las directrices fundamentales de la Ley son las siguientes:
• Establecer una política nacional coherente en materia de seguridad y salud en el trabajo y medioambiente laboral.
• La política tiene como objeto prevenir los accidentes y daños para la salud que sean consecuencia del trabajo.
• Esta política preventiva ha de tener en cuenta distintas esferas de acción como son los lugares de trabajo, herramientas, maquinaria y equipo; sustancias y agentes químicos, biológicos y físicos; y operaciones y procesos.
• El control sobre la aplicación de la normativa legal ha de estar asegurado por un correcto sistema de inspección apropiado y suficiente.
• Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida que sea razonable y factible, garanticen que los lugares de trabajo, maquinaria y equipo y las operaciones y procesos bajo su control son seguros y no entrañan riesgo alguno para la seguridad de los empleados.
Fuente: balancedeladependencia.com
Es a partir de los años 90, prácticamente ayer, cuando comienza a desarrollarse en los países del primer mundo todo un marco normativo con carácter preventivo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo de la ONU creado en 1919 e integrado actualmente por 180 países, constituye el foro en el que están representados los gobiernos, los empresarios y los sindicatos, y en cuyo seno se discuten y elaboran los documentos relacionados con el trabajo. En 1981 se publicó el Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, que España ratificó en 1985.
Pero la UE, ante la desigual aplicación de este convenio en los diferentes países, que desencadenaba fundamentalmente una competencia desleal, que aquellos que aplicaban la normativa contenida en el convenio tenían un coste añadido en sus productos y servicios, decide editar una Directiva en 1989 (89/391/CEE), con la finalidad de armonizar el desarrollo normativo referido a la seguridad y salud de los trabajadores.
Esta directiva, de obligada trasposición a los países miembros, da lugar en nuestro país a la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995. La tardanza en la trasposición (seis años) le costó a España varias sanciones económicas. Esta Ley es una copia pormenorizada de la propia Directiva 89/391/CEE. Algunas de las directrices fundamentales de la Ley son las siguientes:
• Establecer una política nacional coherente en materia de seguridad y salud en el trabajo y medioambiente laboral.
• La política tiene como objeto prevenir los accidentes y daños para la salud que sean consecuencia del trabajo.
• Esta política preventiva ha de tener en cuenta distintas esferas de acción como son los lugares de trabajo, herramientas, maquinaria y equipo; sustancias y agentes químicos, biológicos y físicos; y operaciones y procesos.
• El control sobre la aplicación de la normativa legal ha de estar asegurado por un correcto sistema de inspección apropiado y suficiente.
• Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida que sea razonable y factible, garanticen que los lugares de trabajo, maquinaria y equipo y las operaciones y procesos bajo su control son seguros y no entrañan riesgo alguno para la seguridad de los empleados.
Fuente: balancedeladependencia.com
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