John White
¿Se montaría usted en un avión si supiese que el piloto acaba de sufrir una crisis de ansiedad con gritos y broncas, seguida de un brote hipertensivo y una taquicardia ventricular? ¿Se sometería usted a una operación a corazón abierto si le contasen que el cirujano no está así como muy centrado, le tiembla el pulso y acaba de tener una bronca monumental con su señora?
Del trabajo de los controladores aéreos dependen las vidas de los más de 200 millones de pasajeros que vuelan por España anualmente. Se dice pronto. ¿La fastidiaron el día 3? Pues si. ¿Por qué?
El artículo 34 de la Ley de Seguridad Aérea sobre obligaciones específicas del personal aeronáutico, en su apartado 4, ordena abstenerse de ejercer dichas funciones y de realizar tales actividades en caso de disminución de la capacidad física o psíquica requerida. La lógica imperante en este articulado jurídico es aplastante: un trabajador del que dependen vidas humanas, ya sea piloto, controlador o técnico de mantenimiento, no puede ejercer sus funciones si no está sano y centrado en su trabajo. Se aplica un principio de prudencia elemental que garantiza la seguridad de los pasajeros. Por otra parte, tanto pilotos como controladores deben someterse periódicamente a una batería de pruebas médicas y psicológicas con objeto de verificar su capacidad psicofísica. Si a uno le hacen una revisión médica para sacar el carnet de conducir, evidentemente es necesario que un piloto y un controlador se encuentren en óptimas condiciones cuando desempeñan su trabajo
Si yo voy a volar, o a operarme, o a coger un tren, espero, deseo y confío en que el personal a cargo de mi seguridad esté descansado, centrado en su trabajo y en óptimas condiciones físicas y psíquicas. Si además el personal no está cabreado, mejor que mejor. Seamos un poquito consecuentes y no le busquemos tres pies al gato. Yo no me monto en un avión si mi vida depende de gente cansada, histérica y encabronada. Y la pregunta es: ¿que hay detrás de este estado de encabronamiento aeronáutico que desembocó en la crisis del 3 de diciembre?
El acoso al que los controladores aéreos se han visto sometidos por parte del Gobierno, AENA y la opinión pública durante el último año ha dañado irreparablemente la cadena de seguridad y la imagen de unos profesionales de la aviación. La militarización salvaje, la imposición de turnos y jornadas de trabajo sin estudios de seguridad y prevención de riesgos laborales, la presión mediática y el acoso legislativo configuran un panorama nada halagüeño para el buen desempeño de sus funciones. Este caldo de cultivo venenoso no es el más adecuado para garantizar la seguridad de las operaciones.
La etiología del conflicto Gobierno-controladores tiene varias causas, pero sin duda el Gobierno y Aena han tenido unos objetivos muy claros, a saber:
- - Distraer la atención sobre la privatización de AENA y la nefasta gestión empresarial acometida durante años. La deuda de AENA, cercana a los 14.000 millones de € por infraestructuras políticas mal concebidas y licitaciones a dedo a constructoras “amigas”, ha hecho peligrar el certificado de AENA como proveedor de servicios de navegación aérea. Solo 9 aeropuertos de de los 48 son rentables.
- - Ofrecer una imagen política de mano dura que viene bien en un momento de falta de credibilidad del Gobierno, acosado desde todos los frentes y sometido a luchas intestinas por el poder.
- - Acabar con el I Convenio Colectivo de los controladores, un serio escollo para la privatización. El Gobierno ha impuesto nuevas condiciones salariales y laborales al margen de la negociación colectiva, la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y el Tratado de Lisboa de la UE y cualquier otro considerando, la seguridad aérea inclusive.
- - Privatizar AENA y “liberalizar” el servicio de control de aeródromo mediante concesiones a empresas “amigas”. Ingresar 9.000 millones de € por la venta de AENA y ofrecer así una imagen de firmeza política y reducción del déficit del estado frente a los especuladores, las agencias de calificación de deuda y el gobierno alemán. La competencia constitucional del Estado en materia de navegación aérea y la prestación de un servicio público esencial no parecen pesar en este mercadeo navideño.
- - Convertir la formación de controladores aéreos en un negocio lucrativo saturando el mercado de controladores mileuristas que se tengan que pagar su formación a precios astronómicos, cuando antes podía acceder a la profesión cualquiera que diera el perfil sin tener que pasar por caja.
- - Acabar con la unidad de los controladores aéreos y sus órganos de representación, muy incómodos para el plan de privatización.
Estos objetivos se han perseguido a través de una meticulosa campaña de intoxicación propagandística y manipulación informativa, con una serie de “targets” bien definidos:
- Target primario: la opinión pública, a través de periodistas creadores de opinión y editores. El Gobierno ha mantenido reuniones discretas recabando su apoyo. La contrapartida económica por concesiones de publicidad institucional y subvenciones es ampliamente conocida entre la prensa.
- Targets secundarios:
Los partidos políticos, recabando su apoyo parlamentario, especialmente los partidos nacionalistas, para asegurarse mayoría en la cámara baja y acometer una cadena de más de 10 reales decretos y órdenes ministeriales contra los controladores.
Los sindicatos de clase (UGT y CCOO) para un posible convenio de la vendida con contraprestaciones económicas camufladas como subvenciones de formación.
Ciertos sectores de la judicatura, para bloquear la defensa jurídica de los controladores. Asimismo, se han destinado amplios contingentes de abogados del estado a esta cuestión para redactar el acoso normativo.
Las asociaciones de compañías aéreas (IATA, ALA, ACETA, etc), recabando su aguante financiero hasta que el proceso de exterminio de controladores haya culminado, ofreciendo ayudas y subvenciones si fuese necesario.
- Target terciario: las agencias de calificación de deuda y la comunidad internacional.
La falta de preparación técnica en materia aeronáutica de los distintos portavoces de la Comisión de Fomento no ha sido un escollo: se ha tirado por el camino de en medio con un discurso populista y demagógico en el que los mantras “privilegios” y “chantaje” han sido los ejes centrales de la intoxicación informativa, cuando hay en este país miembros de consejos de administración de empresas públicas que ganan mucho más que los controladores. Se ha evitado entrar en el terreno técnico porque no ha convenido que salgan a la luz cuestiones tan evidentes como la falta de estudios de prevención de riesgos laborales si a un trabajador se le programa arbitrariamente una jornada laboral incompatible con la vida y con la seguridad aérea. Se les ha azuzado a los controladores al populacho enardecido con antorchas y bates de béisbol empleando una serie de mentiras muy útiles para este propósito:
- - Sueldos: utilizar medias descontextualizadas (si tu vecino se come dos pollos todos los días y tu ninguno, te estás comiendo estadísticamente uno). Meter en las partidas las cantidades a pagar por la empresa, equiparando la masa salarial con los sueldos. Confundir el bruto con el neto. Sacar a la palestra los sueldos más elevados, omitiendo el ofrecimiento de horas extra por AENA durante años sin las cuales no habrían salido los aviones porque no había controladores suficientes.
- - Condiciones de acceso a la profesión: declarar que son ellos los que tenían la llave. Omitir que solo el 9% de los controladores tiene un familiar controlador. Omitir que desde 2006 AENA no ha convocado plazas.
- - Turnos y jornadas de trabajo: decir que son ellos los que se fijan los turnos, omitiendo la deficiente programación que hace AENA.
- - I Convenio Colectivo: omitir que incluye el ECCA (Estatuto del Controlador de la Circulación Aérea), aprobado anteriormente y anexado a su convenio. Omitir las decenas de acuerdos firmados por ambas partes durante años y anexados al convenio. Crear un estado de opinión sobre que no quieren negociar.
- - Comparativas sesgada con otros países: aportar datos erróneos a Eurocontrol para que al emitir el informe de productividad los controladores españoles salgan mal parados, maquillando el número de controladores operativos e imputando a la navegación aérea la deuda de los aeropuertos y del personal no-controlador. Omitir la comparativa de horas de trabajo de los controladores españoles con los europeos.
- - Tráfico aéreo y saturación: omitir el crecimiento exponencial del tráfico aéreo en España, que no ha llevado parejo un aumento del número de controladores. Omitir que el espacio aéreo español está mal diseñado y no es capaz de asumir la demanda de las compañías aéreas.
- - Seguridad aérea: ocultar las estadísticas de incidentes a través de la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea). Cualquier información en materia de seguridad se debe ocultar al gran público, a los medios, a la oposición y a los inversores interesados en la privatización. Si hay más notificaciones, decir que “ha aumentado la conciencia de la seguridad”. “Garantizar” la seguridad con alocuciones polivalentes desde despachos de gente que no tiene ni idea. Taparlo todo. Silenciar las denuncias de otros colectivos profesionales, como pilotos y técnicos de mantenimiento. Vender un servicio sin controladores como el AFIS como seguro, cueste lo que cueste.
- - Demoras: imputarlas todas a los controladores aéreos para que AENA y las compañías aéreas no tengan que pagar indemnizaciones. Negar la saturación del espacio aéreo. Negar la sobreventa de SLOTs aeroportuarios por encima de las capacidades declaradas con la connivencia de las compañías aéreas.
El rodillo parlamentario ha permitido sacar adelante todo un nuevo marco normativo cuyas consecuencias están por ver y en las que el dictado de los gestores de AENA al partido del Gobierno ha quedado evidenciado. La política del cortijo con el apoyo de la mayoría parlamentaria han configurado un partido de tenis amañado en el que los contrincantes no han jugado con las mismas oportunidades.
La declaración del Estado de Alarma al margen de los supuestos de ley (franquista, por cierto), tan criticada por las asociaciones de jueces y fiscales, catedráticos de derecho y la comunidad internacional han supuesto el clímax de un totalitarismo descarado por parte del Gobierno que entronca con lo más rancio de las dictaduras bananeras fascistas y que ha supuesto un precedente gravísimo para lo que se consideraba una democracia moderna y asentada. Ni en el 11M ni en el 23F se llegó a tanto.
El Gobierno y AENA, no obstante, han sido plenamente conscientes de cuales eran sus debilidades en esta batalla: la prensa internacional, a la que se ha acallado por todos los medios, la masa de 13.000 trabajadores de AENA, un serio problema si detectaban el meticuloso engaño y el ERE en ciernes pero que han sido reconducidos al redil por UGT y CCOO, los sindicatos anarquistas que no se casan con nadie, los ataques de la derecha al supuesto gobierno socialista, los portavoces de los controladores – gente serie y bien preparada que da bien en cámara – y por supuesto la plétora de hechos contrastables que evidencian la mala gestión secular de AENA. Todos estos frentes se han combatido con un único maniqueísmo y un único vocablo: los privilegiados controladores.
El Sr. Blanco, el Sr. Lema y el Sr. Simancas, entre otros, han olido la sangre de una sociedad española aterida por la crisis económica – que ellos no sienten en sus bolsillos – y han utilizado el sustrato de odio del pasatiempo nacional – la envidia – para que la opinión pública se mostrara favorable al linchamiento salvaje de un colectivo profesional bien formado al que han llevado al límite del aguante físico y psicológico. Emplearon como argumento que bajarían los precios de los billetes, cosa que no ha ocurrido. ¿Alguien ha notado que se vuele en mejores condiciones de seguridad y más barato durante el último año?
Solo un colectivo profesional es más odiado en este momento que el de los controladores: el de los políticos corruptos sin preparación intelectual que hacen lo que les da la gana con España y con los españoles. Se apoltronan en sus cargos, se aseguran jubilaciones doradas, perciben dietas y prebendas, disfrutan de coche oficial, escoltas, despachito puesto por su decoradora de gabinete, mantienen a una red monumental de asesores, dicen lo que les da la gana y nadie les pide cuentas, nadie les militariza, nadie les acusa de sedición o les amenaza con embargos. Y sin embargo y de rondón retiran la ayuda a los parados al mismo tiempo que siembran un Real Decreto en víspera del mayor puente del año. Rebajan los sueldos a los funcionarios por ley, se comen una huelga general en la que los controladores tuvieron servicios mínimos impuestos superiores al 110%. La crisis no afecta a todos por igual. A los políticos y a los presidentes de empresas públicas como AENA, al margen de cómo las gestionen, la crisis solo les sirve para acomodarse aún más en sus poltronas. Ni dimiten ni les cesan. Sus empleos no peligran. Nadie les pide cuentas.
La cuestión es bien sencilla. En la navegación aérea, España contaba con un sistema que funcionaba, mejor o peor, y ahora tiene una severa brecha en la calidad del servicio prestado, en la seguridad aérea y en la garantía del servicio público que nos costará años cerrar, me temo, y que acabaremos pagando todos los españoles de nuestros bolsillos. Los aeropuertos británicos privatizados por BAA, controlada por Ferrovial, se han visto incapaces de garantizar el servicio ante una nevada y son muchas las voces que piden ahora una nueva nacionalización, como ya ocurrió con los ferrocarriles tras el accidente de Hatfield. Solo ha importado llenar las terminales de tiendas muy caras. Me pregunto: ¿no será que les interesa demorar a los pasajeros para que así compren más en las tiendas del aeropuerto?
Y lo más importante. ¿Es seguro volar en España en estas condiciones? ¿Me han contado toda la verdad? ¿Como va a terminar todo esto?
