lunes, 26 de septiembre de 2011
Un sindicato de funcionarios se querella contra la Junta por los riesgos laborales
Un informe de la Inspección de Trabajo revela deficiencias en seguridad y salud laboral en la Consejería de Empleo · Safja denuncia la falta de planes de prevención en los centros administrativos andaluces.
En casa del herrero, cuchillo de palo. De esta forma tan expresiva el Sindicato andaluz de Funcionarios (Safja) ha denunciado la ausencia de una normativa relativa a prevención de riesgos laborales en los centros dependientes de la Junta de Andalucía. La querella, presentada a finales de la semana pasada ante el juzgado de Instrucción número uno de Sevilla, se dirige contra la dirección general específica que para este cometido tiene la Consejería de Empleo, denominada de seguridad y salud laboral. Paradójicamente, aporta Safja, la propia Consejería de Empleo carece de planes para sus trabajadores, a pesar de que sí los exige para otras empresas públicas y privadas y conciencia en campañas de publicidad sobre su cumplimiento.
No es la primera vez que un sindicato representante de los trabajadores de la Junta se queja de la carencia de estos planes de prevención laboral en los centros de la Administración. Sin embargo en esta ocasión Safja aprovecha un reciente informe de la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que investigó in situ las deficiencias en materia de seguridad y salud laboral. Relata el informe, al que tuvo acceso esta redacción, que el 12 de abril un inspector de Trabajo visitó la Consejería de Empleo y a finales de mayo, tras sucesivos aplazamientos, compareció en la oficina del organismo el jefe de sección de gestión de personal de la Consejería.
El inspector firmante del informe expone que "no se ha realizado una evaluación inicial y específica de los puestos de trabajo desarrollados por los funcionarios y personal laboral ocupados en el centro de trabajo visitado". Según el informe no se evaluaron las condiciones del personal en cuanto a espacio de trabajo, iluminación, ventilación, condiciones ambientales de orden y limpieza, entre otras, así como tampoco sobre disposiciones mínimas ante los equipos que componen los puestos de trabajo, como pantallas de visualización, teclados, asientos, mesas o reposapiés, "a fin de obtener la información necesaria para la planificación de las medidas adecuadas para la eliminación o reducción de todos los riesgos existentes".
La conducta descrita se encuentra tipificada como infracción grave de acuerdo a la ley, añade el informe. Como medida correctora, Inspección de Trabajo insta a realizar, previa consulta sindical, una evaluación de los puestos de trabajo de la sede de esta Consejería y planificar actividades preventivas para eliminar los riesgos identificados.
Inspección de Trabajo da un plazo de cuatro meses para subsanar estas deficiencias. La propuesta de requerimiento otorgó a Empleo un plazo de quince días para las alegaciones.
El informe de Intervención supone para Safja el "colofón" al abandono que la Junta tiene en esta materia.
El sindicato recrimina a esta dirección general contra la que presenta querella que su labor ha sido "prácticamente nula" y constata la "inexistencia" de estos planes en los servicios centrales, delegaciones provinciales y organismos autónomos de la Junta. Safja lamenta que la Junta, "una de las primeras fuerzas empleadoras de al comunidad, carece de los medios que la ley previene para la seguridad y salud de sus trabajadores, que a la vista de estas circunstancias se convierten en empleados de segunda". El sindicato aporta en la denuncia cuatro situaciones que se dan en organismos oficiales donde se han registrado incidentes.
Por todo ello, y por la vía penal, Safja reclama que se requiera a la dirección general que aporte un listado de las delegaciones y centros públicos que cuentan o no con estas medidas. También demanda que las inspecciones de Trabajo informen sobre los planes de prevención, evaluación inicial de riesgos y planificación de la actividad preventiva existentes en los centros administrativos de la Junta en las ocho provincias.
Fuente: diariodesevilla.es
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